La CGP solicita la suspensión de los efectos de la Res.1254 dispuesta por el Ministerio de Educación, entre las que se encuentra la Profesión Farmacéutica

En paralelo a la conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria se realizó en la ciudad de Córdoba el 14 de junio la Asamblea Anual Ordinaria y Junta de Gobierno de la Confederación General de Profesionales (CGP), de la que participaron la presidente de la COFA, Farm. Isabel Reinoso y la pro-secretaria, Farm. Alicia Merlo.

De la reunión surgieron dos documentos: una carta abierta al Ministro de Educación de la Nación, a las autoridades Universitarias de todos los niveles y claustros y al Pueblo Argentino y otro dirigido específicamente a la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe que se celebra también en estos días en Córdoba.

En la Carta Abierta, la CGP “expresa su preocupación, por la situación en que se han visto colocadas las profesiones comprendidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior a raíz de la Resolución Ministerial 1254/18, que fija “actividades reservadas” a las profesiones incluidas en el listado de aquellas cuyas actividades son de “interés público”.

Que en el espíritu de la Reforma Universitaria, que se ha visto revitalizado por estos días y dentro de la atmósfera en que se desarrollan estas deliberaciones, que nos han traído a reivindicar los postulados de inclusión, autonomía universitaria, cogobierno, participación de los distintos sectores en los que necesariamente están incluido los graduados de pleno derecho, propios de la Reforma y teniendo en cuenta que nuestras organizaciones profesionales actúan subsidiariamente en el cumplimiento del gobierno de las matrículas al que expresamente hace referencia dicha Ley, por poder delegado de los Estados Provinciales.

Estimamos al respecto como imperioso deber de conciencia y pertinencia institucional, expresarnos al respecto, mediante las siguientes consideraciones:

1. Reclamar la participación, discusión y debate de estas temáticas, que nacidas en el ámbito de lo académico, regulan el alcance de la formación profesional y están destinadas necesariamente a aplicarse sobre las condiciones laborales de cada ejercicio profesional concreto, de modo tal que debiera resultar ineludible convocar a las entidades que agrupan y representan a los profesionales en su efectivo ejercicio, para no caer en decisiones inconsultas tomadas de espaldas a la realidad de los desempeños profesionales que se intenta normar.

2. Que percibimos como lamentable que en el proceso de reformulación de las actividades reservadas se haya desestimado el aporte de las organizaciones profesionales de ley, que poseen una larga experiencia de décadas en el control del ejercicio profesional, sumándose al esfuerzo de las entidades académicas con sus reconocidas capacidades y reputación.

Por todo ellos solicitamos la suspensión de los efectos de la mencionada Resolución y la apertura de un amplio debate por el tiempo que demande su completa revisión como así también el establecimiento y la delimitación de los términos que presentan interpretaciones ambiguas o susceptible a vaguedades utilizados en dicho Decreto mediante la confección de un glosario en el cual se definan claramente el alcance y/o interpretaciones que corresponda asignar a términos, conceptos y frases.

En el documento dirigido a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), la Confederación General de Profesionales, en el marco de la conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria y en el espíritu de la misma, “reivindica los postulados de inclusión, autonomía universitaria, cogobierno y participación de los distintos sectores entre los que necesariamente estamos incluidos los graduados de pleno derecho.

Estos postulados propios de la Reforma, resignificados hoy por nosotros y teniendo en cuenta que nuestras organizaciones profesionales actúan de manera subsidiaria en el cumplimiento del deber del Estado de gobernar las matrículas, por poder delegado de los Estados Provinciales, nos llevan a ratificar los siguientes conceptos hoy nuevamente liminares:

1. La Educación Superior como derecho individual y colectivo garantizada en su accesibilidad por la inversión estratégica que debe realizar en ella el Estado.

2. La Universidad Pública y gratuita como garante de ese derecho.

3. El entendimiento que debemos honrar la herencia de la Reforma, logrando la articulación entre todas las organizaciones de profesionales y las universidades para garantizar la dimensión de la construcción social al servicio de la comunidad, prescindiendo de modelos mercantilistas que pongan en riesgo los derechos mencionados.

 

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